Mesa de Trabajo para la formalidad laboral en el sector vigilancia

El pasado lunes 13 de agosto de 2018, se instauró   la “Mesa de Trabajo para la formalidad laboral en el sector vigilancia” presidida por el viceministro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), donde participamos como Sociedad Nacional de Seguridad.


Dicha mesa de trabajo se ha conformado mediante Resolución Ministerial 196-2018-TR publicada el jueves 2 de agosto del presente año, la cual está integrada por miembros del Ministerio del Interior, SUCAMEC, MTPE, sindicatos de las empresas de seguridad privada y la SNS participa en representación de los empleadores.

Consideramos que esta instancia será el menor escenario para poder trabajar e impulsar uno de nuestros objetivos estratégicos de la SNS que es la formalización en el sector de Vigilancia Privada.

Como gremio, velamos por el respeto de los derechos laborales de los más de 90,000 agentes de seguridad registrados y autorizados por SUCAMEC para prestar tales labores.

Cuando hablamos de formalización, nos referimos a una campaña contra una informalidad dentro de la legalidad, donde algunas empresas entran al mercado a competir de manera desleal con precios inferiores, muy por debajo de los costos de las empresas formales que sí cumplen con sus obligaciones. Esto lo logran en desmedro de los beneficios laborales de sus trabajadores. En tal sentido, nos encontramos frente a empresas que no respetan a sus trabajadores, que evaden sus cargas laborales para poder obtener contratos a un menor precio y con mayor rentabilidad, empresas donde los trabajadores no están en planillas, no reciben gratificaciones, CTS, no aportan a la ONP o AFP, a ESSALUD, seguros de Vida, ni se les reconoce sus horas extras laboradas; es decir que estos trabajadores no reciben los beneficios que por ley les corresponde, no estando asegurados ni ellos ni sus familias al no aportar a un sistema previsional y de salud.

Al ser éstas nuestras principales preocupaciones, nos sumamos a la campaña a favor de la formalidad en los servicios de Vigilancia Privada, y consideramos que nuestro aporte será beneficioso para todas las partes involucradas en la referida Mesa de Trabajo.

  

Acuerdo de Cooperación Técnica Bilateral entre la SNS y La Cámara Colombiana de la Seguridad Privada

Acuerdo de Cooperación Técnica Bilateral con Cámara Colombiana de Seguridad Privada

El 13 de julio de 2018 en las instalaciones de la SNS se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación Técnica Bilateral entre la Cámara Colombiana de Seguridad Privada y la Sociedad Nacional de Seguridad.

En ese sentido, Marco Antonio Ortiz -Director Ejecutivo de la Cámara- y Carla Cuzzi Martínez -Gerente General de la Sociedad- se comprometieron por medio de las instituciones que representan a fomentar el desarrollo integral y competitivo del sector de la seguridad privada y el ejercicio de un liderazgo efectivo entre Perú y Colombia, a través de la representación gremial y la gestión de las herramientas técnicas para las empresas afines a la seguridad privada.

El acuerdo contempla además el intercambio de experiencias académicas, técnicas, tecnológicas y profesionales orientado a velar por el desarrollo de la actividad de la empresa privada y de la seguridad y vigilancia privada; por los principios morales y éticos en los servicios y entidades; a desarrollar e implementar planes y programas en beneficio de sus miembros; a coordinar; a obtener la colaboración y trabajo conjunto con instituciones nacionales o internacionales para establecer el intercambio de estudios y conocimientos; entre muchos otros.

 

Capacitación del Sistema de Programación de Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento SUCAMEC – SNS

Capacitación de la nueva Plataforma Virtual SUCAMEC en línea

Como parte del plan anual de desarrollo de la Sociedad Nacional de Seguridad, el 25 de junio se llevó a cabo en coordinación con la gerencia de Seguridad Privada y la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC) de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC),  la capacitación del Sistema de Programación de Cursos para capacitación y perfeccionamiento brindada de manera exclusiva a los asociados de la SNS.

El principal objetivo de esta capacitación fue poder guiar a los usuarios respecto al uso de la nueva Plataforma Virtual SUCAMEC en línea – SEL, a modo de absolver cualquier duda y/o consulta referente a su uso.

Entre los servicios que ofrece esta nueva plataforma están la consulta de capacitación y cese de vigilantes; el acceso al sistema de consulta de expedientes; las consultas en línea (DICSCEL) para la búsqueda de licencias vigentes y vencidas de los vigilantes, y la empresa de seguridad a la que pertenecen, así como la verificación de la portabilidad de armas; y, la verificación de documentos en línea.

 

Los retos del Día del Vigilante de Seguridad Privada

En mayo de 2010 la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC, antes DICSCAMEC) estableció el 11 de marzo como el Día del Vigilante de Seguridad Privada a manera de reconocer el trabajo y aporte de estos profesionales de la seguridad a la sociedad.

Actualmente, se estima que existen aproximadamente 1500 empresas de seguridad privada que emplean a más de 170 mil personas que vienen ejerciendo a nivel nacional ésta dedicada profesión.  De esta cifra aún alrededor del 45% se mantiene en la informalidad y ello ha expuesto a hombres y, cada vez más mujeres en esta labor, a condiciones de bajos sueldos, ausencia en regímenes laborales que los protejan, falta de seguros y circunstancias que en muchos casos atentan contra su propia vida, siendo el responsable de esta situación las empresas contratantes y usuarios de las mismas.

Por otro lado, es importante mencionar que el vigilante de seguridad privada cada vez cumple un rol más activo que le ha permitido actualmente ver la seguridad como una opción de carrera profesional.  Hoy en día el vigilante de seguridad privada no solo es la persona que permanece de pie al ingreso de cualquier negocio o empresa, ahora se ha sumado a su labor otras responsabilidades que demandan de este un mayor nivel de capacitación.

Desde la Sociedad Nacional de Seguridad reiteramos nuestra profunda preocupación respecto a la informalidad que aún se continúa viviendo en el país y que amenaza tanto a empresas, sociedad como a estos profesionales.

Aún tenemos mucho por hacer.

 

Armas e inseguridad ciudadana

Se incrementaría el riesgo en las calles

Por: Dardo López-Dolz
De modo casi unívoco, hasta esa prensa que aplaudía los bailecitos presidenciales, ha empezado a evidenciar fastidio y una evidente animadversión hacia el presidente. No es inusual que las lunas de miel con la prensa se corten abruptamente, pero la temática de la discrepancia es seria y bien harían el presidente y su entorno cercano en empezar a preocuparse por buscar coherencia y consistencia en sus respuestas, si es que tienen como conseguirla. O más temprano que tarde puede parecer inexorable la implementación del designated survival.

Un presidente elegido con las justas debió abocarse a buscar un acuerdo de gobernabilidad con las principales fuerzas políticas genuinamente democráticas; y no escuchar a quienes, perdedores al fin, se las arreglaron una vez más para preñar otro Caballo de Troya, animándolo a seguir aliado con sus antípodas ideológicos —de dudosa entraña democrática (nadie le avisó que acabó la era Obama)— para buscar fraccionar al principal partido opositor (curiosamente, el más cercano ideológica y programáticamente). Hoy que su credibilidad está en entredicho, y sus mal elegidos aliados lo han abandonado, camina sin amigos por un terreno fangoso de profundidad desconocida.

Entretanto, la inseguridad sigue siendo el principal dolor de cabeza de los peruanos. En la reciente ola de asaltos a bancos llama la atención la pobre rentabilidad obtenida de tan eficaz sincronización criminal. Es la comprobación de que las cosas no se han venido haciendo tan bien como nos las pintaron, con previsible habilidad periodística.

Enmendar lo dispuesto por Humala y enviar policías a custodiar los bancos puede ser un disuasivo eficaz que ataca los síntomas, pero no las causas. Si las bandas son verídicas, estas seguirán existiendo, su accionar mutará y atacarán otra forma de comercio en la que exista liquidez. Y el Ministerio del Interior no podrá repetir la fórmula.

Sigue sin respuesta la pregunta sobre la veracidad de lo publicado por Infobae sobre Norcorea y PR. Además del tozudamente negado flujo endémico de armas, municiones y explosivos de manos de malos miembros de las FF. AA. y la PNP hacia las bandas, es muy probable que no tarde en hacerse evidente (quizá primero en provincias) el flujo de tácticas, equipos y personas provenientes de las ¨desmovilizadas¨ FARC. Mal harían Sucamec el Mininter en mirar a otro lado y replicar los esfuerzos errados del pasado humalista, que buscaron generar iniciativas para limitar a los usuarios legales. Eso equivaldría a querer arreglar algo que no está descompuesto, descuidando el verdadero origen del problema.

Hablando de Sucamec, es inaudito que a 18 meses de Gobierno, pese a estar bajo el mando de un profesional honesto y capaz, por segunda vez en lo que va de este Gobierno, esta entidad siga forzada a tener en su nómina a algunos funcionarios que (pese al tiempo transcurrido) desconocen la materia que les toca administrar. La situación se agrava al obligarla a seguir agonizando económicamente por ausencia de un TUPA que le permita cobrar tasas por las licencias y autorizaciones que otorga; una situación nacida de la imposición de un TUPA único para todas las materias a su cargo, de problemática notablemente diferentes entre sí. Estas son armas y municiones de uso civil y artículos conexos, explosivos, pirotécnicos y empresas de servicios de seguridad.

En esta última materia se ha colado una sospechosa intención legal y reglamentaria de bajar la valla para la prestación de servicio de transporte de valores. De concretarse esta iniciativa, abrirá un forado en la legislación para evitar lavado de activos y generará un incremento del riesgo para la vida humana en las calles. Los niveles anteriores de exigencia han dado excelente resultado. Si no está roto, ¡no trates de repararlo!

 Fuente: Portal El Montonero

Seguridad es tarea de todos

La SNS estuvo presente en el VI Encuentro Regional ASIS 2017, que se llevó a cabo en Lima el 9 y 10 de Noviembre de 2017. El Vicepresidente de Seguridad Privada de la SNS, Jose Luis López, participó como exponente en dicho evento, y compartió con todos los asistentes las siguientes líneas:

Dentro del actual contexto global, los Estados invierten sus recursos y mejores esfuerzos en brindar seguridad a la sociedad civil, como responsables de proveer un entorno seguro para su desarrollo.

El esfuerzo de los Estados en materia de seguridad se concretiza en ofrecer/mantener un nivel de seguridad general dentro del país, con un tratamiento similar a personas naturales y jurídicas utilizando para ello los medios de los cuales dispone, las fuerzas del orden y todas las estructuras afines.

Siendo esta, la seguridad general del Estado una condición sine qua non, indispensable, para el desarrollo de cualquier país, la misma tiene una característica básica, y es que se trata de un carácter general. En tal sentido, la seguridad privada se revela como un complemento ideal del esfuerzo público ya que, y siempre en subordinación a la policía nacional obviamente, tiene la capacidad de analizar las necesidades, desarrollar soluciones con recursos humanos y técnicos específicos y entrar en la cadena de valor de las empresas a proteger.

En esta línea, nuestro sector tiene por vocación brindar servicios al entorno privado y a las personas que laboran en ellas. Protegemos los bienes y las personas concretos dentro del perímetro que nos es asignado, garantizando que puedan desarrollar sus actividades empresariales en un entorno seguro y controlado. Teniendo en cuenta que el 100% que las empresas y sociedades de Perú son usuarias de una forma u otra de servicios de seguridad privada, ello puede dar idea de cómo nuestro sector contribuye al desarrollo de la economía y al bienestar del país, y siempre como complemento de la seguridad pública cuya participación es indispensable.

Por otro lado, es necesario mencionar que contrariamente a las tendencias mundiales de reforzar la seguridad en Transporte de Valores, en el Perú es preocupante que se considere bajar los estándares de seguridad utilizados a nivel global, tales como la obligación del uso de vehículo blindado para el transporte de numerarios, lo cual garantiza la seguridad del personal que transporta el dinero y de la comunidad en general, toda vez que la utilización de vehículos blindados reduce, considerablemente, los riesgos de posibles intentos de robos y/o asaltos a las unidades.

En esta misma modalidad de Transporte y Custodia de Valores, la seguridad privada cumple un rol vital, asegurando y custodiando toda la actividad fiduciaria del país lo cual se traduce en:

  1. Atención al sistema financiero, asegurando la cadena de pagos a nivel nacional (BCR, Banco de la Nación y Sistema Financiero Privado).
  2. Atención a los programas sociales del Estado (Programa Juntos, Pensión 65, ONP).
  3. Coadyuva en asegurar la legalidad del movimiento de capitales, verificando y reportando en su caso, operaciones sospechosas UIF-SBS. La actividad de transporte de valores es la principal proveedora de servicios de transporte y custodia de los recursos públicos y del sistema financiero nacional.

En el Perú, el transporte de valores es una actividad muy formal, no así la vigilancia. Esto se refleja en el escaso número de incidentes que se producen en la prestación de dicha modalidad y el buen control que existe en materia de lavado de activos.

Nosotros como gremio, deseamos lograr el mismo nivel de formalización que existe en Transporte de Valores, en la Vigilancia Privada, y aprovechamos este foro para solicitar apoyo al sector público y trabajar en conjunto en dicha tarea.

Servimos por partida triple el interés de la nación: de modo directo la causa de la seguridad dentro del perímetro de acción de la actividad empresarial, de modo indirecto al salvaguardar la cadena de valor que nutre el sistema impositivo estatal, proveedor de fondos para, entre otras cosas, brindar seguridad a las personas; y por último, somos el segundo sector que ofrece el mayor número de puestos de trabajo en el país.

Cuando la seguridad de una persona jurídica sufre por acción humana deliberada o por acción perjudicial de la naturaleza, no solo sufren las consecuencias los accionistas, las sufren los trabajadores y la sociedad que se ve privada de fuente de bienes o servicios y de fuente de trabajo para sus ciudadanos.

La nuestra es una actividad indispensable para la actividad empresarial, el dinero bien invertido en seguridad impactará favorablemente en la línea final del balance. Una labor de seguridad bien realizada preservará los procesos, evitará pérdidas a la empresa, protegerá a sus colaboradores y garantizará la continuidad del ciclo económico, eje principal del desarrollo de un país.

En el Perú hay más de 90,000 agentes de seguridad registrados, autorizados por SUCAMEC para prestar labores de vigilancia privada, transporte de valores o resguardo de personas. La distribución geográfica coincidente con los puntos de generación de riqueza, debieran permitir complementar la acción de las fuerzas del orden con 90,000 pares de ojos. Para ello es saludable replicar los pilotos  de trabajo coordinado que se vienen realizando en el Perú y adaptar a nuestra problemática e idiosincrasia los ejemplos exitosos de colaboración en otros países.

Cada vez las empresas dejan de mirar la seguridad como un gasto y empiezan a ser conscientes de que se trata de una inversión que como todas las demás inversiones, debe realizarse de manera racional. Las empresas que operan en las economías más desarrolladas hace tiempo que se percataron de esa diferencia, iniciando el proceso de capacitación, certificación y formalización que dio nacimiento a ASIS, organización que hoy nos convoca.

Pero para que el efecto explicado se potencie, se requiere un acompañamiento normativo y de control por parte del Estado para desterrar la informalidad, causa de una desleal guerra de precios que acaba afectando al usuario cliente, al trabajador, la sociedad y al propio estado.

En el Perú como comentamos antes, la vigilancia privada es la puerta de acceso al mundo laboral de gran cantidad de jóvenes, así su impacto económico y formativo es mucho mayor que el que puede parecer a primera vista. Todo proceso de calidad requiere capacitación, aprendizaje y continuidad. El problema mayor que enfrenta el sector de vigilancia en el Perú, es la informalidad a gran escala. Ello se traduce en un no respeto de la legislación laboral por parte de estas empresas informales que con costes infinitamente inferiores, por este incumplimiento hace una guerra de precios injusta e insostenible a las entidades formales, las cuales representamos como gremio.

El problema es extremadamente grave, ya que se crea un círculo vicioso en donde la informalidad va ganando día a día. La consecuencia es simple y dramática: degradación de la calidad general de la prestación de cara a los clientes, generación de contingencias graves relativas a la responsabilidad solidarias entre proveedor y cliente, por condiciones laborales abusivas para los colaboradores que trabajan para dichas estructuras y desaparición de empresas formales por esta competencia desleal.

Aprovechamos este foro para solicitar ayuda a los dos actores que pueden romper este círculo: el poder público y los clientes. El poder público actuando de manera enérgica frente a las empresas informales, y no concentrando exclusivamente su acción fiscalizadora en empresas serias y con historial cumplidor. Los clientes siendo conscientes que trabajar con empresas manifiestamente informales, pone en peligro su propia empresa y sus representantes legales por el principio legal de corresponsabilidad solidaria, degrada la calidad general de la prestación y coadyuvan al no respeto de los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Solo persiguiendo con mano firme la informalidad hasta desterrarla del sector, podremos en el futuro disponer de un sector con el nivel de profesionalismo que requiere la responsabilidad que se le otorga.

En otro orden de cosas y en este contexto de profesionalización, reconocemos la importancia de organizaciones como ASIS que permiten elevar el nivel profesional de nuestros interlocutores en las diferentes direcciones de seguridad.

El gerente de seguridad, en el mundo contemporáneo, ha ampliado su campo de acción a la gestión integral de riesgos. La complejidad creciente de las amenazas a la seguridad de las personas, los activos, la información, las comunicaciones y los procesos de la empresa, requieren hoy de un profesional que sea capaz de traducir al lenguaje empresarial el resultado de la gestión de seguridad, que incluye el trabajo realizado por nuestras empresas, para incorporarlo al proceso de toma de decisiones.

Invitamos a los representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de trabajo y SUCAMEC a trabajar conjuntamente con nosotros para seguir potenciando la seguridad privada como herramienta accesoria crucial para la seguridad ciudadana. Hagámoslo y el Perú, nuestras familias y la historia nos lo agradecerán.

Muchas gracias,

José Luis López, Vicepresidente de la SNS

Los Riesgos de la Informalidad

Por: Declaración de la SNS.

Actualmente en el Perú, existen aproximadamente 1.500 empresas de seguridad privada que emplean a más de 170.000 colaboradores.

Nuestra misión fundamental es complementar la seguridad que brinda el Estado a la ciudadanía, ofreciendo supervisión, vigilancia, control de instalaciones, bienes y personas, puestas bajo nuestra responsabilidad por los clientes.

Como representante de las empresas de este rubro, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector, el cual se encuentra amenazado de muerte por una informalidad galopante que destruye a las empresas serias y responsables, favoreciendo a estructurs que no respetan las normas del derecho laboral en perjuicio manifiesto de los trabajadores, compitiendo deslealmente, poniendo en peligro a sus usuarios por la mala calidad de sus servicios y por la corresponsabilidad civil y penal en la que involucran a sus clientes.

Invitamos a la reflexión a los clientes de servicios de seguridad y hacemos un llamado de alerta a las instituciones del Estado ante esta creciente informalidad.

Las empresas de seguridad que conformamos la Sociedad Nacional de Seguridad somos un gremio empresarial compuesto por pequeñas, medianas y grandes empresas de alcance nacional, regional o local, especializadas en determinados sectores o generalistas, todas con un estándar fundamental de responsabilidad común: la calidad, el profesionalismo y el respeto de las leyes nacionales. Así mismo, brindamos oportunidades de desarrollo profesional a nuestros colaboradores y sus familias, con puestos de trabajo formales y beneficios corporativos que superan las exigencias que la ley indica.

Por este motivo, tenemos el deber de alertar a las instituciones y autoridades competentes de este creciente fenómeno informal que se manifiesta en el incumplimiento de la legislación laboral vigente, colocando a sus contratantes en situación de riesgo por ser punibles de sanciones civiles y penales debido al principio de corresponsabilidad establecido en la Ley de Intermediación Laboral, así como en la Ley de Servicios de Seguridad Privada.

Como única institución representativa del gremio de la seguridad en el Perú, consideramos una obligación llevar a cabo una acción firme y decidida contra las empresas que no respeten las leyes administrativas y laborales, persiguiendo tres objetivos primordiales:

  • Mejorar la imagen y calidad de los servicios del sector.
  • Hacer respetar los derechos de todos los trabajadores, salvaguardando su integridad y el desarrollo profesional del sector.
  • Evitar que las empresas formales que cumplen toda la normativa vigente vean peligrar la continuidad de su negocio o inversiones futuras debido a esta competencia desleal.

Finalmente, hacemos un llamado a la reflexión a los usuarios que tienen como proveedores de servicios a estas empresas infractoras, a sopesar y analizar el daño que estas prácticas producen al país, al sector, a sus trabajadores, a las inversiones y a sus propias empresas, dirección y accionistas.

 

 

Instauración del nuevo Consejo Directivo y Comité Electoral de la SNS para el periodo 2017- 2019

Por: Carla Cuzzi.

El día 23 de junio a las 11.45 horas se realizó una Asamblea General Extraordinaria donde debido a que no se inscribió ninguna lista de postulantes para las elecciones, se nombró al Consejo Directivo y Comité Electoral para el periodo 2017- 2019.

En dicho acto se reeligió a Wilson Gómez-Barrios, representante de la empresa Securitas, como Presidente del Consejo Directivo, y a Myrna Rehwaldt, representante de la empresa Tense y Rolando Horruitiner, representante de la empresa Tolerancia Cero, como Presidente y Secretario del Comité Electoral respectivamente.

Ambos órganos de la SNS quedan constituidos de la siguiente manera:

CONSEJO DIRECTIVO:

COMITÉ ELECTORAL:

Agradecemos a los asociados que participaron en la Asamblea General así como a los miembros del Consejo Directivo y Comité Electoral, estamos seguros que llegaremos a cumplir los objetivos trazados para este periodo.

 

Carla Cuzzi

Gerente General

 

Amnistía y registro

Por: Dardo López-Dolz.

Las piezas faltantes en la legislación sobre armas de fuego

La Ley 30299, que regula la materia de armas de fuego de uso civil, dispone la obligatoriedad del Ministerio del Interior de reglamentar una amnistía para el registro de armas que actualmente no se encuentren registradas. Por alguna razón, pese al tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo no ha cumplido con esa reglamentación. Por eso es necesario explicar por qué se incluyó esa amnistía en la Ley.

El crimen organizado se nutre principalmente de las siguientes fuentes:

a)    Armas alquiladas o vendidas por malos elementos de las FF. AA. y PNP, aprovechando el pobre manejo logístico de existencias. Esto solo podrá cortarse con un inventarios responsables y sanciones ejemplares a quienes delincan.

b)    Armas de contrabando. Robadas en Bolivia, que en su camino desde la frontera sur hacia Colombia terminan quedando en territorio nacional. En los años ochenta y noventa era una fuente usual, pero su relevancia porcentual parece haber disminuido por razones de precios en el mercado negro. Pero un cambio en dichos precios o la desmovilización de las FARC podría activar de nuevo este contrabando como fuente masiva.

Todos los fusiles automáticos y subametralladoras usados profusamente por los delincuentes provienen de estas dos primeras fuentes, ya que jamás fueron importados para uso civil.

Existen además dos fuentes numéricamente menos relevantes, pero de origen más fácil de rastrear:

c)    Armas robadas a policías, vigilantes y personas naturales. La legislación vigente incluye sanciones a la negligencia en el cuidado de las armas, lo que debería tener un impacto positivo en la disminución de los robos por sustracción y en las falsas denuncias de robo.

d)    Armas que nunca fueron registradas. Son remanentes de épocas no lejanas, en que la legislación en la materia era bastante más laxa (no solo en el Perú). Al no poder ser registradas, acabaron siendo vendidas en el mercado negro por los herederos de los dueños originales. A esta fuente se buscó ponerle fin con la amnistía pendiente de reglamentación.

Los obsequios de armas son una vieja tradición en el mundo militar, que rara vez iba aparejada al registro de la misma. Recién tras el ataque a las Torres Gemelas, la legislación empieza a ser más exigente en EE. UU. En Perú se empieza realmente a exigir el registro de armas en poder de los militares en EE. UU., pero no se abren puertas para la formalización de aquellas armas en poder de viudas y descendientes de militares fallecidos. Para ellos las armas suelen tener un valor sentimental (además del evidente valor económico) lo que las deja en el limbo de la ilegalidad.

Durante los años del terrorismo muchos empresarios, profesionales y políticos aprovecharon la laxitud de la legislación mundial de entonces y adquirieron armas no registradas. Hoy ellos, y mayoritariamente sus viudas y herederos, se encuentran involuntariamente fuera de la ley.

Esperemos que el Ministerio cierre de una vez esa puerta con una única amnistía temporal en atención a la obligación legal y a la necesidad de formalizar su registro.

Dardo López-Dolz